Con tratados internacionales se debe pactar la protección integral de los migrantes, mediante la regularización de su permanencia en el país receptor para que cobre salario justo y equitativo, pague impuestos y aporte a la seguridad social, gozando de la debida protección social que atañe al trabajo decente, sin discriminación alguna y con pleno respeto a los derechos fundamentales del operario, igual a lo que disfrutan los nacionales. En caso de no hacerlo, bien podrían usarse las figuras jurídicas de los derechos sociales exigibles al Estado, así como la latencia de derechos en caso necesario.