La coordinación entre
servicios sanitarios y sociales es una necesidad central en la atención a un número creciente
de personas afectadas por distintos tipos
de problemas
de salud. La evolución
de los patrones
demográficos y epi
demiológicos en nuestras socieda
des hacen cada vez más patente esa necesidad, por lo general no a
decuadamente cubierta por nuestros sistemas
de atención.
Un sector donde esa necesidad es clave es el de la atención a personas con discapacidades derivadas de padecer trastornos mentales graves. Se trata de un sector que ha permanecido demasiado tiempo al margen de los sistemas generales de la atención sanitaria y social como resultado del estigma social y de las tradicionales instituciones asilares, en un círculo vicioso que hay que romper para poder identificar y dar respuesta a las necesidades de dichas personas.
De hecho, los procesos de cambio hacia una atención comunitaria, con objetivos de recuperación y no de meros cuidados paliativos o marginadores, incorporan necesariamente esa coordinación como un pilar básico de una atención orientada a la inclusión social y la ciudadanía. Aunque sigue habiendo importantes carencias al respecto, especialmente en nuestro país.
Sin embargo, hay experiencias de cambio que, como en Andalucía, marcan líneas de desarrollo de una estrategia de atención integrada, cuyos fundamentos y principales elementos que se presentan de manera resumida en este artículo.
